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Más que mejorar la cobertura de salud, la propuesta del ministro del ramo, David Chiriboga, de imponer una carga horaria de 8 horas de trabajo a los médicos especialistas que laboran en el sector público en el país, busca implementar un modelo político.
Esa es la lectura a la que llegó la Federación Médica Ecuatoriana. Se fundamenta en la suspensión, hace tres años, de los posgrados. Pero sus argumentos para desconocer públicamente esta medida (lanzada hace un mes y ratificada la semana pasada), van más allá de la supuesta intención del régimen de eliminar las especialidades y dar paso al médico familiar (general).
El trabajar media jornada “no tiene nada que ver con la vagancia”, dijo Orly Oyague, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana.
Según el gremio, la propuesta viola todo principio constitucional y los convenios internacionales como el Protocolo de San Salvador, que en sus artículos 6 y 7, sobre el derecho al trabajo, señala: “La limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales, serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos”.
Armando Salcedo, titular del Colegio de Médicos del Guayas, sostuvo que “cuando resolvieron ese convenio no lo redactaron así porque les dio la gana, sino porque se midió la capacidad laboral del médico durante su jornada de trabajo”.
El principal argumento del gremio es que trabajan con personas y para brindar un buen servicio, la jornada del especialista no debe exceder las cuatro horas diarias para atender a 16 pacientes.
“Si el Ministro cree que ese informe técnico no es válido, que lo demuestre. No se puede comparar la atención general con la del especialista”, señaló Salcedo, develando otro contrapunto en este tema.
Aunque no se trata de discriminar y dividir al gremio, los mismos profesionales consideraron que esta propuesta solo debería concretarse en el caso de los médicos generales.
Como salida salomónica, plantearon hacer dos jornadas, de cuatro horas; o de lo contrario, trabajar medio tiempo y el resto dedicarlo a la formación profesional y a la investigación.
Con esta propuesta se resolvería un grave problema social: el desempleo, que en la actualidad afecta al 40% de los galenos del país ( 45.000 en total). Y a ellos se suman los 600 médicos que este año salen solo de la Universidad de Guayaquil (un millar a nivel nacional).
Las autoridades no se han pronunciado al respecto, pero el colectivo profesional confía en que sus planteamientos serán escuchados.
En el segundo punto, la viabilidad de la propuesta la objetan los mismos agremiados. “Los hospitales no ofrecen otra actividad que no sea la consulta médica, porque no hay áreas ni presupuesto para investigación en ninguna unidad médica de la salud”, según la dirigencia.
Además de las razones intelectuales, esgrimieron el tema salarial. Según los denunciantes, los médicos contratados, tanto de la Seguridad Social como del Ministerio de Salud Pública (MSP), “han sido engañados. No les pagan como dice la ley”.
Para la ley de escalafón médico, el profesional que trabaja seis horas debe ganar 15% más por cada hora de labores; y si cumple las ocho horas un 10% adicional; es decir debería recibir un 50% más sobre su sueldo; “pero no se está pagando lo que dice la ley”, indicó Salcedo.
Y eso lo confirmó Julián (nombre protegido), traumatólogo de una clínica privada que hace parte de la Red Complementaria de Servicios de Salud (desaparecido PAP). Él recibe $ 1.500 por una jornada de trabajo de ocho horas, cuando la Senres (Secretaría Nacional de Recursos Humanos y Remuneraciones) fijó en el 2009 un salario de $ 2.100 para los médicos especialistas.
El temor del colectivo de salud es que ese abuso -dijeron- se generalice y legalice; y que la impericia de un médico agotado intelectualmente, por exceso de trabajo, la paguen los pacientes.
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