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La mano oficial

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Los enfrentamientos entre la prensa en general y el poder público en particular no son nuevos en el Ecuador. En los sucesivos períodos presidenciales y luego de reinstalada la democracia, respetando el estilo de cada mandatario y con acciones de mayor o menor calibre, la gran mayoría tuvieron roces, actitudes y frases que en la coyuntura evidenciaban su encono con la prensa. Recuerdo uno diciendo que el problema de este país radicaba en su prensa.

Allanamientos a radiodifusoras, acoso y persecución a periodistas, clausuras o presión oficial para que no salga al aire una nueva señal de televisión fueron escándalos en su momento. Al interior de Carondelet se recomendaba que el poder oficial controle a la prensa, ya sea inundándola de propaganda estatal o, también, no otorgándole ninguna. Si la extorsión fallaba había que aplicar mano dura, acosando, persiguiendo y hasta asaltando sus instalaciones.

Fiel a su personalidad Rafael Correa no eludió la pelea cuando cierta prensa se le fue encima. Empezó denunciando la tergiversación de la noticia, la manipulación de la información y los criterios tendenciosos de ciertos comunicadores que, en todos estos años convulsionados que han transcurrido, pretendieron descalificar las propuestas y la gestión de gobierno. Basta recordar la campaña en contra de la nueva Constitución y en contra de la ley de comunicación.

Ahora nos encontramos en una lucha de manos, por un lado dedos que piden más respeto y acusan ausencia de libertades, y, por el otro, dedos que se mueven denunciando una actividad informativa al servicio del viejo país y, también, letras y púas saliendo de un diario o una radio y agrediendo al lector. El enfrentamiento es claro, sin embargo lo importante es lo que dice la opinión pública y no necesariamente la publicada.

A este respecto, en una última encuesta sobre la campaña de las manos antes referida, se pregunta si cree que la ley de comunicación es mala porque atenta contra la libertad de expresión o es buena porque evita el abuso de los medios privados. Que la ley es buena dijeron un 33%, que es mala un 27% y que no la conocen un 18%. Es evidente el triunfo de la mano oficial.

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