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Las  noticias acerca del Fiscal General, han desplazado a segundo lugar las relativas al Intendente de Guayas, envuelto en boletas de libertad con firmas y sellos falsificados, cuya pesquisa está encargada al Fiscal de Guayas, que ofrece escarbar hasta lo último en este asunto en que compiten la audacia y las simulaciones.

Por este motivo están más que nerviosos los empleados de la Intendencia y de la Penitenciaría, cuyo ex Director afirma que él recibió esas boletas “chimbas” de manos del propio Intendente o de los altos funcionarios de la dependencia. Alguna vez, afirma, el mismo Intendente presenció la entrega de un “manojo” de esas papeletas.

Y hablando del Fiscal General, uno de los firmantes de la adhesión a este personaje es el Fiscal de Guayas, que por lo mismo es objeto también de investigación. Todo ese enredo arrastra a otros personajes, especialmente de la Asamblea, en donde Joaquín Hernández se ha convertido en el gran inquisidor al que no podrán engañar.

De probarse que es auténtica la orden de descuento de  una cuota a los empleados de la Fiscalía General por ayudar al policía preso que se autorresponsabilizó de haber conducido el vehículo que atropelló y mató a la señora Emme, el Fiscal General no tendría escapatoria, como no la tendría tampoco los que firman la autorización.

Solo que digan que  se les obligó a dar la autorización o
que se les suplantó la firma.
En todo caso, esto tiene bailando en la cuerda floja a muchos burócratas de segunda categoría, quienes
con seguridad dirán la  verdad y entonces
irá aclarándose el panorama hasta
ahora envuelto en una migraña de versiones.

El presidente Correa al comenzar el día, le ofreció el respaldo a su gran amigo el Fiscal, al expresar su personal criterio de que el doctor Pesántez era inocente; luego le dio otro espaldarazo al decir que era inútil una diligencia dentro de las investigaciones. Pero esos apoyos fueron contundentes en la mayoría ciudadana. Más vale el silencio.