jueves 9 de septiembre del 2010 | Actualizado 13:39 (GMT -5)

Foto: Romina Icaza / EXPRESO Legislativo. Leonardo Viteri (PSC) y Julio Logroño (PSP) -de espaldas- dialogan durante la sesión que se desarrolló ayer.

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El rol de los organismos estatales en materia de seguridad y los fondos especiales que se destinarán a esas labores fueron el eje del primer debate del proyecto de Ley de Seguridad Pública que ayer realizó la Comisión Legislativa.

Los comisionados de RED, Luis Hernández y León Roldós, se refirieron a las competencias que tendrán el Consejo de Seguridad del Estado (Conse) y la Secretaría de Inteligencia.

Por ejemplo, Hernández adujo que esta última no puede estar por debajo de la Secretaría de Seguridad Pública, ente que también consta en el proyecto.

Rosana Alvarado (PAIS) sugirió además que sea el Conse el que apruebe el Plan Nacional de Seguridad y no la Secretaría de Seguridad Pública. Asimismo, indicó que la Secretaría de Inteligencia debe “cuando mucho dirigir” las acciones militares pero no coordinarlas.

En cambio, Roldós cuestionó los gastos especiales con los que contará la Secretaría de Inteligencia. Al respecto, Gabriel Rivera (PAIS) manifestó que son necesarios y serán bien utilizados. No obstante, Roldós insistió en que los gastos especiales “son gastos reservados cambiados de nombre”.

Por ello, sugirió que se ponga un techo al monto y que el uso que se les haya dado se haga público cada cinco años. Otro aspecto que contempla la Ley es la clasificación de documentos.

Se establece que los de carácter reservado se conocerán cada siete años, los secretos cada 15 y los secretísimos cada 20. Alvarado y Roldós coincidieron en que se revise esos períodos y que durante los lapsos de reserva no se cuente la prescripción de procesos civiles, penales y administrativos.

En otro punto, los legisladores Jaime Ruiz (PAIS) y Abel Ávila (MPD) manifestaron que el tema de derechos humanos debe ser reforzado en las distintas partes de la ley. Ávila, por ejemplo, considera que el Conse -organismo formado por los representantes de los poderes del Estado- también lo integre el Defensor del Pueblo. (GFS)

Ley de Contraloría, en pausa

La posibilidad de que el contralor nombre a los auditores internos de los gobiernos autónomos fue rechazada por el pleno; y ello frenó que el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría sea aprobado en segundo debate. El presidente de la Comisión de Reforma del Estado, Fernando Salazar (PAIS), defendió el cuerpo legal que busca adecuar las funciones del organismo de control con lo que establece la nueva Constitución. No obstante, sus propios compañeros de bancada, como Paco Velasco, Virgilio Hernández y Fernando Cordero, anunciaron que votarían en contra de la iniciativa porque “atentaba” contra la autonomía de los gobiernos seccionales. Asimismo, Hernández y León Roldós (RED) sugirieron que los auditores externos no sean de libre remoción, como contempla el proyecto. Debido a la falta de consenso, la votación del tema se llevará a cabo el viernes. (GFS)

Datos

Debate suspendido El primer debate de la Ley de Seguridad Pública fue suspendido ayer y, según anunció Fernando Cordero, se retomará el próximo viernes. Ley del magisterio La Comisión de Reforma del Estado entregó el informe para segundo debate de la Ley de Reformas a la Ley de Carrera Docente. Sanciones Determina que las paralizaciones se sancionarán de acuerdo con un proceso administrativo.